Wednesday, May 17, 2006

Elementos de Derecho Civil

Presentaremos aquí algunos breves conceptos sobre temas de la materia Elementos de Derecho Civil.

Tuesday, May 16, 2006

Clasificación de las personas jurídicas

Clasificación de las personas jurídicas:

El art. 33 del Código Civil clasifica a las personas jurídicas, enumerando entre las de carácter público al Estado Nacional, las Provincias y los Municipios, las entidades autárquicas y la Iglesia Católica. Y entre las de carácter privado a las asociaciones y fundaciones, las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.
El art. 34 dispone que son también personas jurídicas los Estados extranjeros, cada una de sus provincias o municipios, los establecimientos, corporaciones, o asociaciones existentes en países extranjeros, y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior.


Personas jurídicas públicas (Estado Nacional, Provincial, Municipal, entidades autárquicas, Iglesia Católica):


En primer lugar debemos marcar la diferencia entre los entes públicos de las personas jurídicas públicas no estatales.
Los primeros son el Estado Nacional, las Provincias y los municipios, es decir, los entes estatales que son creación directa del Estado. Ejercen la potestad de imperio en todo el ámbito de su actividad, su patrimonio es totalmente estatal y desempeñan un servicio público.
Los segundos, son los entes en cuya creación ha participado el Estado pero que son integrados por particulares o que aún sin injerencia del Estado en su constitución, ejercen algún tipo de función pública (v.g. Colegios profesionales, sindicatos, obras sociales –cf. art. 2 de la ley 23.660-, etc.)
Las entidades autárquicas son aquellas ramas de la administración pública a las que se ha descentralizado convirtiéndolas en personas jurídicas para lograr de esa forma el mejor cumplimiento de una finalidad estatal (ej. Banco Central, AFIP, etc.)
La Iglesia Católica es un ente público no estatal de jerarquía constitucional, en virtud del vínculo espiritual permanente que la liga a la Nación Argentina, conforme lo establece el art. 2 de la Constitución Nacional .
La personalidad de la Iglesia se extiende a cada una de sus unidades territoriales –diócesis, parroquias-, manteniendo éstas el mismo carácter de ente público.


Estados extranjeros y organizaciones internacionales:

El art. 34 del Código Civil reconoce existencia extraterritorial a las personas jurídicas públicas constituidas en el extranjero, incluyendo a las personas de derecho público creadas conforme al orden jurídico de origen, y capacidad para actuar dentro del marco normativo del Derecho Internacional público, sin efectuar ninguna distinción con relación a las personas públicas nacionales.
Respecto de la extensión de su capacidad existen dos tesis: una restrictiva y otra amplia. La primera se funda en que la persona de derecho público extranjera debe ser controlada por el Estado en donde pretende actuar, quien deslinda su campo de acción a fin de proteger su soberanía. La tesis amplia se funda en la extraterritorialidad de su actuación, basándose en el reconocimiento otorgado en la esfera internacional .
Este reconocimiento alcanza a las personas jurídicas públicas estatales internacionales, creadas por tratados internacionales e integradas por dos o más Estados , como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, etc.


Integraciones regionales:

La integración regional procura una interpenetración, armonización y unificación de las diversas políticas económicas, sociales, etc de diversos Estados, y la creación de órganos comunes con capacidad decisoria para asegurar el logro de los objetivos propuestos y la protección de los fines regionales .
Las estructuras de integración tienen el reconocimiento de su personalidad jurídica internacional y cuentan con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
El capítulo II del Protocolo de Ouro Preto (adicional al Tratado de Asunción) consagra expresamente en el art. 34 la personalidad jurídica de Derecho Internacional del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) –integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, que tiene una personalidad jurídica distinta de la que detentan los países que la integran, hallándose investido de la misma personería que cualquier sujeto de derecho capaz de emitir normas jurídicas en forma descentralizada.
El art. 35 del mismo protocolo delimita la capacidad, disponiendo que el MERCOSUR podrá en el uso de sus atribuciones, practicar todos los actos necesarios para la realización de sus objetivos, en especial contratar, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, comparecer en juicio, conservar fondos y hacer transferencias, agregando el art. 36 que celebrará acuerdos de sede.
Es decir, que esta personalidad le permite negociar y obligarse ante terceros países o subregiones. El Tratado de Asunción (y su Protocolo adicional) conforma un modelo de integración regional, cuyos componentes, en un plano de igualdad, buscan, mediante su política de interacciones, objetivos comunes que aprovechan a todos los integrantes del MERCOSUR .
Con personalidad jurídica también cuentan otros bloques regionales como las Comunidades Europeas y la Comunidad Andina.


Personas jurídicas privadas:

Las personas jurídicas privadas se rigen por el derecho privado aunque requieran de autorización estatal para funcionar. El art. 33 del Código Civil distingue las personas privadas sin fines de lucro como las asociaciones y fundaciones de aquellas destinadas a la obtención de utilidades a repartir entre los integrantes como las sociedades.
El efecto del reconocimiento de la personalidad jurídica de los entes colectivos es que se los inviste como sujetos de derecho distintos de quienes las integran, sean individuos u otras personas jurídicas. La personalidad jurídica de unos y otros no puede confundirse porque cada uno de ellos tiene sus propias relaciones jurídicas y su propio patrimonio.


Constitución de las personas jurídicas privadas:

El acto constitutivo de una persona jurídica es el acuerdo de voluntades a través del cual se expresa la voluntad de crear un ente jurídico nuevo. Tiene carácter contractual con excepción de las fundaciones que provienen de un acto que normalmente es unilateral, sea entre vivos o de última voluntad.
Debe contener las bases que reglarán la persona jurídica y frecuentemente se mencionan los aspectos que contendrá el estatuto.
El estatuto es el conjunto de reglas referidas a la persona de existencia ideal que establece su organización, estructura, gobierno y fines. Debe contener: 1) nombre y domicilio de los fundadores, 2) designación del objeto, 3) patrimonio inicial, 4) plazo de duración, 5) organización de los órganos de administración, 6) cláusulas atinentes al funcionamiento de la entidad, 7) procedimiento para la reforma del estatuto, 8) fecha de cierre del ejercicio anual, 9) cláusulas de disolución y procedimiento para la liquidación y destino de los bienes. Debe hacerse por instrumento público o privado con las firmas certificadas.
El Estado no solo aprueba o desaprueba los estatutos sino que también interviene en su reforma. Si el Estado no aprobara el estatuto o sus reformas, los particulares pueden recurrir la decisión por vía judicial, lo que solo puede ser admitido por los jueces si se demuestra que el Estado ha intervenido arbitraria o ilegítimamente.
En nuestro sistema legal, el poder de policía del Estado constituye un acto mixto de autorización de la personería y aprobación de los estatutos de la entidad.
El art. 45 del Código Civil dispone que comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etc, con el carácter de personas jurídicas, desde el día en que fueren autorizados por la ley o por el gobierno, con aprobación de los estatutos.
La autorización estatal de las personas jurídicas es materia eminentemente local. Esta facultad de las Provincias no ha sido delegada a la Nación. Es ejercitado por cada provincia y por el Estado Nacional en la Capital Federal.
La circunstancia de que el art. 45 del Código Civil mencione que la autorización puede ser “por la ley o por el Gobierno” indica que se trata de facultades que pueden ejercer tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, refiriéndose respectivamente a los de cada provincia, o los de la Nación como autoridades locales respecto del distrito federal. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y territorios nacionales, la ley 22.315 establece el régimen aplicable a las personas jurídicas.
La autorización de funcionamiento de la persona jurídica por el Estado y la aprobación de sus estatutos no implica más que un reconocimiento de una realidad preexistente pues son creadas mediante un acto constitutivo y este extremo es declarado por la autoridad publica.
Esa autorización es concedida por el Estado con efecto retroactivo, quedando legitimada su existencia al tiempo que se verificó su fundación (art. 47 Código Civil)
Se permite la creación del ente en formación de relaciones jurídicas en el periodo constitutivo, las que estarán condicionadas a la efectiva obtención de la personería. Se puede considerar que se reconoce condicionalmente al ente desde que es fundado.

Comienzo de la persona física.

Comienzo de la persona física. Concepción en el seno materno: realidad científica e inseminación artificial:

Según nuestra legislación, la persona comienza con la concepción en el seno materno, momento a partir del cual puede adquirir algunos derechos, que quedan irrevocablemente adquiridos, si los concebidos nacen con vida, aunque fuera por instantes, después de estar separados de su madre (arts. 70 y 74)
Este precepto excluye en principio a los embriones que no se concibieron en el vientre de una mujer.
Sin embargo, el avance científico ha conducido a replantearse la distinción entre vida humana y persona, pues existe vida humana fuera del seno materno, previo a la implantación, sin hallarse, hasta el momento, respuestas legislativas a la categoría que tiene el ser concebido y aún no implantado.
La fertilización asistida posibilita a través de determinadas técnicas científicas la reproducción humana, sin que ésta sea el resultado exclusivo de la unión intersexual.
Existen dos categorías de técnicas de fecundación humana asistida, la primera es la que se realiza a través de la inseminación artificial y la segunda, la extracorpórea o in vitro.
La inseminación artificial consiste en la práctica médica por la que se introducen en forma no natural, los espermatozoides en el organismo femenino para producir la fecundación. Puede ser homóloga si se utiliza el semen del cónyuge o heteróloga si proviene de un dador no vinculado a la mujer receptora[1].
La fecundación extracorpórea es el conjunto de operaciones que van desde la obtención del óvulo y el esperma, la fecundación y el desarrollo germinal fuera del seno materno, hasta la implantación en el útero.
La técnica de transferencia de embriones consiste en la fertilización del óvulo “in vitro”, es decir, fuera de las trompas en contraposición con la forma “in vivo” que es la forma normal –dentro del seno materno-[2]. El óvulo fecundado mediante estas técnicas, da lugar a la existencia de embriones humanos fuera del seno materno, es decir, a la “concepción” extracorpórea.
No puede concluirse que el legislador hubiera pretendido excluir a los embriones de la protección del Derecho, puesto que en la época de redacción del Código Civil (siglo XIX) estos avances científicos eran inimaginables[3].
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) –tratado internacional con jerarquía constitucional, según la incorporación del art. 75 inc. 22-, dispone en su art. 4 que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
En la legislación argentina si bien no existe una normativa específica, los embriones estarían protegidos por aplicación de los arts. 70 y 16 del Código Civil. Pero es preciso destacar que existen actualmente varios proyectos que propugnan en forma expresa tal protección[4].
El proyecto de ley sobre Reproducción Humana y Asistida de 1997, que obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores, proponía la sustitución del art. 63 del Código Civil de la siguiente forma: “Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas. El óvulo fecundado en forma extracorpórea, antes de su transferencia merece la protección que este Código y las leyes otorga la vida humana inherente a las personas por nacer”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto al tema[5], señalando que “el comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión de los dos gametos, es decir con la fecundación; en ese momento, existe un ser humano en estado embrionario. En este sentido, la disciplina que estudia la realidad biológica humana sos­tiene que tan pronto como los veintitrés cromosomas paternos se encuentran con los veintitrés cromosomas maternos está reunida toda la información genética necesaria y suficiente para determinar cada una de las cualidades innatas del nuevo individuo... Que el niño deba después desarrollarse durante nueve meses en el vientre de la madre no cambia estos hechos, la fecundación extracorpórea demuestra que el ser humano co­mienza con la fecundación".
Esta postura es la que no solamente le otorga a la persona por nacer, desde su concepción intra y extrauterina, derechos de contenido patrimonial y no patrimonial, sino también la que propugna e instituye la penalización del aborto.


Límites a la manipulación genética. Bioética:

La Bioética es “El estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud en cuanto dicha conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios morales”[6]
La complejidad de posibilidades que brindan los conocimientos científicos fue materia de preocupación en el ámbito científico, a los efectos de poner límites a la manipulación genética indiscriminada que atenta contra la dignidad humana. Existen dentro del ámbito de la bioética algunos dilemas, pendientes de solución.
El Proyecto Genoma Humano es una investigación internacional que persigue seleccionar un modelo de organismo humano por medio del mapeo de la secuencia de su ADN. Se inició con la expectativa de curar y prevenir enfermedades, superar problemas ecológicos, estudiar su evolución y mejorar el conocimiento del ser humano. Los objetivos esenciales son: a) Confeccionar un mapa de todos los genes humanos, b) Investigar la secuencia de todos los genes descomponiéndolos en sus componentes químicos; c) Distribuir la información entre los científicos del mundo; d) Desarrollar medidas éticas y jurídicas que aseguren que la información se use adecuadamente[7].
El dilema esencial radica en la garantía de equidad en el uso de la información que se obtenga, cuyo circuito de extensión en este ámbito, comienza por la autoridad de aplicación y los altos costos, llegando hasta los impactos psico-sociales del determinismo genético. El abuso que pudiera hacerse de la información genética podría provocar daños irreparables en la persona y en la sociedad, pues daría lugar a divulgaciones o excesos que afecten el ámbito de la intimidad de la persona y a los demás derechos personalísimos, y a discriminaciones o manejos antinaturales caprichosos para los que podría ser utilizada.
Desde otro ángulo si fuera utilizado para terapias génicas queda por delimitar el concepto de discapacidad o trastorno que debe ser curado o prevenido, puesto que estas terapias podrían ser utilizadas para suplir o mejorar características físicas en la búsqueda de seres perfectos. En el IV Congreso Nacional de Derecho Privado[8], en referencia al Proyecto Genoma Humano, se concluyó que “Los Derechos Humanos deben constituir el límite a toda aplicación o actuación de técnicas genéticas en el ser humano. La ciencia debe procurar humanizar al hombre, buscando su fin último (su mejor realización), mas no una perfección artificial que atente contra su dignidad humana”.
Otro dilema, en este ámbito se presenta con la clonación que es la reproducción asexual y ágama cuya finalidad es generar seres biológicamente idénticos al ser humano que proporciona el material genético nuclear. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva la ha definido como “la duplicación de un ser humano existente por la transferencia de una célula somática diferenciada a un óvulo al que se le ha extraído su núcleo y la implantación del producto resultante para su gestación y posterior nacimiento”[9]. Puede tener distintos objetivos, entre otros, el de crear seres idénticos a otros, producir hijos, o generar embriones para ser utilizados como bancos de órganos o de tejidos[10]. Múltiples son las variantes que pueden derivarse de las investigaciones científicas en este campo y de las diversas utilizaciones que de su resultado se haga. Las implicancias subyacentes de la Biotecnología humana tornan indispensable un sistema de información y educación apropiados respecto de la sociedad en general, y fundamentalmente, mecanismos legales adecuados que sitúen con precisión los límites de actuación.
[1] Rivera, Julio, “Instituciones de Derecho Privado”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, T.I-Pág. 344.
[2] Entre los métodos utilizados se pueden mencionar: la técnica FIV, la GIFT, la PROST, también llamada TET o ZIFT, y la ICSI. En el método FIV los óvulos son aspirados de los folículos por vía transvaginal, se colocan en una probeta y de la muestra de semen del hombre, se seleccionan los espermatozoides con mayor movilidad. Luego, los óvulos son incubados, reemplazándose el vientre materno, y permanecen allí, en general, por un período de entre 48 y 72 hs. El método GIFT consiste en transferencia de gametos dentro de las trompas de Falopio. Se distingue del FIV por la colocación por separado de los óvulos y los espermatozoides en un catéter que luego se deposita en las trompas. En el método PROST los óvulos y los espermatozoides se juntan en una incubadora, consistiendo en la transferencia endotubaria de preembriones. El ICSI es un método complejo para aquellos casos en donde la calidad y cantidad de los espermatozoides no son óptimos para realizar la técnica regular de fertilización “in vitro”. Se utiliza en los casos de ausencia de liberación de los espermatozoides (azoospermia secretora), extrayendo artificialmente el espermatozoide del testículo e inyectándolo dentro de un óvulo, que se coloca en un cultivo, se espera su desarrollo y una vez que evoluciona se lo transfiere al útero de la madre.
[3] Bosert, Gustavo A.- Zanoni, Eduardo, “Manual de Derecho de Familia”, Astrea, tercera edición actualizada y ampliada. Buenos Aires, 1995.
[4] El Proyecto de Código Civil unificado con el Código Comercial de 1998, en el art. 15 resolvía la cuestión señalando que “La existencia de la vida humana comienza desde la concepción” y en el art. 2229 le otorga a estas personas el derecho de ser herederos en una sucesión, mencionando a “las que nazcan dentro de los ciento ochenta días de la muerte del causante a consecuencia de una procreación médicamente asistida con gametos crioconservados del causante o de la crioconservacion de un embrión formado con gametos de aquel, sean estas prácticas lícitas o no”.
[5] CSJN, "Portal de Belén - Asociación Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo" del 5 de marzo de 2002, por mayoría de los Dres. Nazareno, Molinè Oconnor, Lopez, Vazquez y Boggiano..
[6] Reich, Warren T., Encyclopedia of Bioethics, 4 vol. New York, Free Press Macmillan, 1978, p. 116.
[7] La empresa Privada Celera Genomics de Rockville lidera los procesos de investigación. En 1992 Craig Venter, Investigador del National Health Institute, que actualmente trabaja en Celera Genomics, solicitó patentes por 2750 fragmentos de ADN, desatándose un gran número de solicitudes de patentamientos similares. Este Proyecto, que sin duda habrá de marcar un hito en la historia de la medicina, trascendiendo la cuestión científica, ha desencadenado una serie de cuestionamientos éticos, legales, sociales y humanos.
[8] Celebrado en Buenos Aires el 6, 7, y 8 de junio de 1996 en Buenos Aires.
[9] Office of Government and media Relations American Society for Reproductive Medicine, ASRM, Statement of Human Through Nuclear Transplantation, del 5 de junio de 1997.
[10] Perrino Jorge Oscar, “Disposición del propio cuerpo y clonación”, ponencia presentada en las XVIII Jornadas de Derecho Civil, Buenos Aires, 20, 21 y 22 de septiembre de 2001.

Patrimonio

Objeto de las relaciones jurídicas:

El objeto de las relaciones jurídicas se halla integrado por las cosas, los bienes y los servicios personales


a) COSAS:

Las cosas son los objetos materiales susceptibles de tener un valor conforme lo dispuesto por el art. 2311. También se prevé en el mismo artículo que las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación.

Las cosas son inmuebles cuando están inmovilizadas y no pueden ser trasladadas de un lugar a otro por una fuerza exterior o por sí mismas.
La ley reconoce distintas clases de inmuebles:
a) por naturaleza, el art. 2314 menciona que comprende esta categoría a las cosas que se encuentran en sí mismas inmovilizadas como el suelo, lo que está incorporado al suelo y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin la intervención del hombre (como los árboles, ríos, minerales, etc).
b) por accesión física, el art. 2315 menciona a las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física y perpetua al suelo, como los edificios y sus cimientos, salvo que se trate de construcciones que no permanezcan indefinidamente (como carpas, quioscos, etc). Ese carácter se extiende a todas las cosas que, siendo por naturaleza muebles, conforman una edificación.
c) por su destino ( o accesión moral ), según lo expone el art. 2316 son también inmuebles las cosas muebles accesorias de un inmueble que son colocadas intencionalmente por el propietario. Esta calificación es de naturaleza compleja, describiendo Velez en la nota al art. 2316 que son los peces de un estanque, los animales de labranza, los utensilios de labranza o minería, las prensa, toneles que forman parte de un establecimiento industrial, etc.
d) por su carácter representativo, son los instrumentos públicos donde constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, con exclusión de los derechos reales de hipoteca y anticresis.

Las cosas muebles se clasifican:
a) por su naturaleza, que son las que pueden transportarse de un lugar a otro, con excepción de las accesorias a los inmuebles (art. 2318), incluye todas las partes sólidas del suelo separadas de él y las construcciones asentadas en el suelo con carácter provisorio;
b) por su carácter representativo, son los instrumentos públicos o privados donde constare la adquisición de derechos personales,
c) semovientes y locomóviles, los primeros son los que se mueven por sí mismos y los segundos son los propulsados a motor.
d) registrables y no registrables, los muebles son por regla general no registrables, pero algunos deben ser inscriptos dada su trascendencia económica por una cuestión de seguridad jurídica como las aeronaves, los buques, automotores, las acciones de sociedades anónimas, etc
e) fungibles y no fungibles, la fungibilidad de las cosas depende de la posibilidad de equivalencia de un individuo de la especie con otro de la misma especie, pudiendo ser sustituidos unos por otros de la misma calidad y en igual cantidad.
f) consumibles y no consumibles, las primeras son aquellas cosas que terminan con su primer uso y terminan para quien dejan de poseerlas por no distinguirse en su individualidad, las segundas son las que no se extinguen con el primer uso, aunque puedan deteriorarse después de algún tiempo,
g) divisibles e indivisibles, son susceptibles de división las cosas que pueden ser fraccionadas en porciones sin ser destruidas enteramente.

Nuestra ley considera cosas fuera del comercio a las que no son susceptibles de ser enajenadas, de forma absoluta o relativa. La inenajenabilidad absoluta puede ser por tratarse de bienes de dominio público o por disposiciones testamentarias o convencionales (art. 2337 del Código Civil)


b) BIENES:

Los objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas se llaman bienes. El conjunto de bienes constituye el patrimonio.


c) DINERO:

El dinero constituye un bien que es la unidad ideal de medida de los valores patrimoniales impuesto por el Estado a través del curso legal.
Se halla expresado a través de la moneda que es una cosa fungible consumible y divisible y es un símbolo que representa a aquel, su valor es concreto, de orden local, depende su valor de la economía del país, estando sujeto a las normas jurídicas y a las contingencias económicas que inciden sobre él.
La moneda tiene curso legal porque es de aceptación irrecusable, el acreedor está obligado a recibirla, y es de curso forzoso porque la calidad de curso legal del papel moneda es incontrovertible. El primer recaudo apunta a la relación acreedor deudor y el segundo a la relación emisor tenedor del billete.


d) TITULOS VALORES:

En los títulos valores la titularidad del derecho se halla ligada a la posesión de un documento en el que consta la existencia de ese derecho que solo puede ser ejercido por quien tenga en su poder ese papel.
El título valor es, en definitiva, el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él expresado (pagarés, letras de cambio, títulos públicos, etc)


Concepto de patrimonio:

El art. 2312 establece que el conjunto de bienes de una persona constituye su patrimonio. Es decir que es el conjunto de derechos.
Está compuesto por los derechos que constituyen el activo, no por las cosas en sí mismas. Solo los derechos patrimoniales integran el patrimonio, es decir, aquellos derechos que forman las relaciones jurídicas de contenido económico y que por ende tienen un valor en dinero, quedan excluidos los derechos personalísimos y los derechos de familia porque no son susceptibles de apreciación pecuniaria aunque la violación de ellos pueda dar lugar a acciones de contenido económico.
El patrimonio es la garantía común de los acreedores, cualesquiera sean los bienes que lo compongan y esta es su principal función.
Es un atributo de la persona, solo las personas físicas o jurídicas pueden contar con patrimonio.
Los caracteres del patrimonio son:
a) Universalidad: es considerado en su conjunto, no interesan los derechos concretos que integran el patrimonio, pues los bienes que se incorporan al patrimonio responden aún por las deudas que existían antes.
b) Necesidad: toda persona tiene un patrimonio aunque no tenga bienes porque tiene la aptitud de poseerlos y eso es suficiente para concebir la existencia de patrimonio.
c) Unidad: cada persona puede tener un patrimonio general único.
d) Inenajenabilidad: se pueden transmitir los bienes particulares que lo integran pero no el patrimonio en su totalidad,
e) Garantía común de los acreedores: el patrimonio está gravado por las deudas que contrae el titular; pero los acreedores no pueden ir contra los bienes que lo integran individualmente considerados
f) Transmisión de bienes por sucesión por causa de muerte, el patrimonio no pierde por su muerte el carácter de universalidad jurídica, y precisamente por ese carácter se transmite bajo el nombre de herencia, transmisión que se produce en el mismo instante de la muerte (ver nota al art. 3282 del Código Civil)


Concepto de unicidad o pluralidad de patrimonios:

Existe en la doctrina clásica una tesis de unidad o de indivisibilidad del patrimonio, pues se sostiene que éste se encuentra íntimamente conectado con la persona de su titular. Según este principio cada individuo está al frente de un solo patrimonio, que comprende el conjunto de sus derechos y obligaciones.
Esta teoría ha sido objeto de críticas porque ciertos bienes o derechos se hallan sometidos a un régimen especial. De este modo, se ha arribado a la conclusión de la existencia de un patrimonio general único por persona, con la posibilidad de tener uno o más patrimonios especiales.


Patrimonios separados especiales:

Los patrimonios separados especiales son los que por una autorización legal y en virtud de determinada finalidad a la que se destinan los bienes que lo componen quedan excluidos de la regla general de responsabilidad por todas las deudas del titular, para responder solo a determinadas obligaciones.
Algunos ejemplos son el patrimonio del causante de una sucesión mientras se mantenga separado del patrimonio de los herederos, el patrimonio del declarado presuntamente fallecido, el patrimonio del emancipado constituido por los bienes adquiridos a titulo gratuito.
Para su existencia se requiere que se encuentre contemplado expresamente por la ley, que sean independientes del patrimonio general y responden solamente por determinadas deudas


Algunos supuestos especiales:

a) Patrimonio sin sujeto determinado. Fondo de comercio:

Se ha considerado que pueden existir patrimonios separados que no son atribuidos a un sujeto determinado, se los denomina “patrimonios sin sujeto” porque se hallan separados del patrimonio general. Uno de los casos que la doctrina alemana incluye dentro de este criterio es el fondo de comercio.
El fondo de comercio es un conjunto de elementos de producción, derechos y cosas, que se presenta como un organismo con perfecta unidad para la obtención de beneficios en el orden comercial e industrial[1].
Si bien tiene características determinadas, ello no implica que la transmisión del fondo involucre a las deudas y a los créditos existentes relativas a su explotación, como sus elementos constitutivos, sino que establece una presunción de que tales deudas y créditos han sido transferidos al adquirente por el hecho de que éste continúa el comercio bajo la misma firma.
Se trata, en definitiva, de una asunción tácita de las deudas por el comprador, excepto que exista convención en contrario, publicada, inscripta o notificada a los terceros. En este último caso el adquirente no queda obligado por las deudas del antecesor. Si la firma no continúa, el adquirente solo responde por las deudas anteriores cuando las ha tomado a su cargo[2].
La ley 11.867 establece este mecanismo para preservar los derechos de los acreedores del enajenante, pero no constituye un patrimonio separado y menos aún de sujeto indeterminado, pues respecto de las deudas contraídas responde el deudor con el patrimonio general.


b) Patrimonios afectados, de destino o administración: Bienes fideicomitidos:

El fideicomiso es el contrato por medio del cual una persona (fiduciante) transmite a otra (fiduciario) la propiedad fiduciaria de bienes determinados (fideicomitidos), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirla al cumplimiento del plazo o condición al fiduciante o al beneficiario.
La ley 24.441 crea un sistema para aislar los bienes fideicomitidos, tratando los bienes fideicomitidos como patrimonio separado. Así el art. 14 dispone que “los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del fiduciante”.
Ninguna duda cabe que los bienes no guardan ya vínculo alguno con el patrimonio del fiduciante, por ser precisamente quien transmite la propiedad de los bienes.
Sin embargo, el fiduciario es propietario, pero de un patrimonio especial, escindido del resto de sus bienes.
Se ha señalado que los bienes en fideicomiso forman un patrimonio fiduciario separado del patrimonio general de fiduciario. A cada patrimonio se imputan los créditos y deudas que corresponda, según la causa que les haya dado origen, quedando el patrimonio fiduciario exento de la acción singular o colectiva de los acreedores que correspondan al patrimonio del fiduciario[3].
El sujeto, entonces, tiene un solo patrimonio general y dentro de él la posibilidad de uno o más patrimonios fiduciarios, separados y oponibles a los acreedores del fiduciario y de los otros bienes fideicomitidos –si los hubiera-. Es decir, que se evita de este modo la confusión con el patrimonio general y con los otros patrimonios separados[4].
Desde el punto de vista impositivo también presenta ventajas este sistema porque impide la confusión acerca del sujeto imponible.


Derechos patrimoniales:

El patrimonio está integrado por los derechos reales, los derechos personales o creditorios y los derechos intelectuales.


a) Derechos reales:

Derecho real es aquel mediante el cual una cosa se encuentra total o parcialmente sometida al poder de una persona en virtud de una relación inmediata oponible a toda otra persona.
Los derechos reales previstos en el art. 2503 del Código Civil son: dominio, condominio, usufructo, uso y habitación, servidumbres activas, hipoteca, prenda y anticresis. No existe posibilidad de creación convencional de otros derechos reales.

El dominio es el derecho real en virtud del cual la cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción de una persona (art. 2506)
El condominio es el derecho real de propiedad que pertenece a dos o más personas por una parte indivisa. Estos derechos reales junto con el de propiedad horizontal, regulado por la ley 13.512, constituyen los derechos reales sobre cosa propia o parcialmente propia.
Los restantes son derechos reales sobre cosa ajena.
El usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro sin alterar su sustancia.
El uso es la facultad de servirse de la cosa de otro, con el cargo de conservar la sustancia de ella o de tomar sobre los frutos de un fundo lo que sea preciso para las necesidades del usuario y su familia (art. 2948)
La servidumbre es el derecho real perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno en virtud del cual se puede usar de él o ejercer ciertos derechos de disposición o impedir que el propietario ejerza alguno de sus derechos de propiedad.
Los derechos reales de garantía aseguran el cumplimiento de una obligación actual o eventual de dar dinero o de otra especie pero estimada en dinero, gravando un inmueble (hipoteca) o mueble del deudor (prenda) El anticresis es un derecho real por el cual se entrega al acreedor la tenencia de un inmueble, autorizándolo a percibir los frutos para imputarlos anualmente primero a los intereses del crédito y luego al capital (art. 3239)
El principal efecto de los derechos reales es su carácter absoluto, lo que significa que puede ser opuesto contra todos. A modo de ejemplo, podemos señalar que existe una obligación pasivamente universal de respetar la propiedad ajena.
Por ser absolutos los derechos reales, requieren publicidad para que los terceros conozcan la situación jurídica de los bienes, lo que se cumple con la inscripción en los registros dominiales.


b) Derechos personales o creditorios:

Los derechos personales o creditorios son las relaciones jurídicas que vinculan a dos personas: acreedor y deudor, por medio de las cuales el primero tiene la facultad de exigir del segundo el cumplimiento de la prestación debida.
En el ámbito de los derechos personales –específicamente en materia contractual-, rige la autonomía de la voluntad de las partes, lo que implica que éstas tienen libertad de creación contrariamente a lo que ocurre con los derechos reales (Ej: contratos innominados)
Solo producen efectos entre las partes y sus sucesores (acreedor y deudor), por lo que no pueden perjudicar a terceros (art. 1195 y 1199)


c) Derechos intelectuales:

Los derechos intelectuales son los derechos patrimoniales que tienen los autores de obras del intelecto, por medios de los cuales pueden beneficiarse económicamente de ellas, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente en la materia.
Este concepto se extiende tanto a la propiedad autoral, comprensiva de las obras literarias, musicales, científicas, pinturas, dibujos, software, grabaciones de fonogramas, etc, como a la propiedad industrial como patentes de invención, marcas, designaciones industriales y comerciales, etc
En nuestro ordenamiento los derechos intelectuales encuentran tutela en el art. 17 de la Constitución Nacional, en la ley 11.723 sobre propiedad intelectual y en la ley 22.362 sobre marcas.
A los efectos de la defensa de los derechos intelectuales debe considerarse al "interés legítimo" de los titulares que comprende cualquier utilidad, sea que se trate de ventajas de orden patrimonial como aquéllas que, aún excediendo la pura dimensión económica, incida en otros planos de la vida individual


El patrimonio con relación a terceros. Función de garantía de los acreedores:

El patrimonio responde por las deudas de las que el sujeto es titular, cualesquiera sean los derechos actuales o futuros que lo integren.
Los acreedores pueden agredir los bienes que integran el patrimonio o que se incorporen a él, obteniendo la venta judicial de los mismos para cobrarse del producido.


a)EJECUCIÓN INDIVIDUAL DE CREDITOS:

La ejecución individual de créditos consiste en la acción judicial que inicia cada acreedor individualmente a los fines de satisfacer su crédito.
Un principio fundamental en la materia es el de la igualdad de los acreedores. Es decir, que ante la insuficiencia de bienes del patrimonio para satisfacer todos los créditos, su producido debe ser repartido entre todos los acreedores en proporción al monto del crédito de cada uno.
Sin embargo, este principio encuentra excepciones en los créditos privilegiados. El privilegio es el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro (art. 3875), es de interpretación estricta, se restringe a los casos expresamente legislados, es accesorio del crédito principal se otorga en virtud del interés general, (ej. salarios, impuestos debidos al Estado, gastos de justicia –efectuados a los fines de percibir los créditos)
Los créditos privilegiados tienen preferencia en el cobro.
Los créditos con garantía real como la hipoteca, prenda o anticresis gozan de preferencia, excluyendo a los restantes acreedores del producido del bien afectado por la garantía hasta el límite de la satisfacción del crédito garantizado. Estas garantías son convencionales, son accesorias del crédito que garantizan y generan el derecho del acreedor de perseguir la cosa en poder de quien se encuentre y ejecutarla judicialmente, el derecho se tiene directamente sobre la cosa, independientemente de su transmisión a otras personas.
Los créditos quirografarios son los comunes, no acompañados de ninguna preferencia (privilegio o garantía real) En caso de insolvencia perciben los créditos después que han sido satisfechos los créditos preferidos, a prorrata del monto de sus acreencias.
Los efectos de que el patrimonio sea la prenda común de los acreedores, los faculta a vender judicialmente los bienes que integran el patrimonio para cobrarse con su producido. A ese fin se pueden ordenar distintas medidas judiciales:

1) Medidas cautelares o precautorias: aseguran el cumplimiento de una sentencia futura desde antes de la iniciación del proceso hasta el momento de su conclusión. Esas medidas enunciadas en las normas de procedimiento pueden ser, entre otras:
a) embargo que tiende a la indisponibilidad del bien, a los efectos de impedir que el deudor pueda enajenarlo,
b) inhibición general de bienes a los fines de impedir el egreso del patrimonio de bienes no desconocidos o aún indeterminados,
c) prohibición de innovar a los efectos de mantener la situación existente,
d) anotación de litis que tiende a hacer conocer la existencia de un litigio.

2) Medidas ejecutivas: tendientes a llevar adelante un proceso abreviado donde se declare la existencia del derecho del acreedor como primera medida y luego se siga contra él la ejecución de los bienes hasta la subasta.

3) Acciones integrativas: se promueven para neutralizar el efecto dañoso que puede producir la enajenación de bienes por parte del deudor. Entre ellas, podemos mencionar la acción subrogatoria, mediante la cual cualquier acreedor puede sustituir al deudor en las acciones judiciales tendientes a la percepción de los créditos o reconocimiento de otros derechos patrimoniales de que este fuere titular; la acción de simulación y la acción revocatoria (Remitimos al cap. )


b) EJECUCIÓN COLECTIVA DE CREDITOS:

En el supuesto de insolvencia del deudor para hacer frente a sus obligaciones, se puede proceder a la ejecución de sus bienes en beneficio de todos los acreedores dentro del procedimiento de quiebra y el concurso preventivo de acreedores. Los presupuestos fundamentales son la cesación de pagos o insolvencia y la exteriorización de esta circunstancia mediante la mora en el cumplimiento de las obligaciones.
El concurso preventivo de acreedores consiste en la convocatoria que se efectúa a los acreedores de un deudor en la situación patrimonial señalada precedentemente, a los efectos de que estos verifiquen sus créditos y participen de la junta o asamblea a la que se someterá -para su aprobación- un acuerdo preventivo propuesto por el deudor que en caso de ser aprobado deberá ser presentado al Juez para su homologación. Esta propuesta del deudor tiene límites que se encuentran establecidos en los arts. 41 y sigs. de la ley 24.522.
La quiebra es el proceso de liquidación de todo el patrimonio del deudor para la satisfacción de los pasivos a prorrata, puede ser peticionada directamente por el deudor, por uno o algunos de los acreedores o, en el concurso preventivo, cuando no fuera aprobado el acuerdo presentado por el deudor o no fuera homologado por el Juez.


Bienes excluidos de la agresión de los acreedores:

Existen algunos bienes que no son susceptibles de ejecución forzada por los acreedores por razones humanitarias de protección al deudor y a su familia. Entre los bienes excluidos se encuentran:
a) el crédito por alimentos (art. 374),
b) el lecho del deudor, su famlia, ropas, muebles de indispensable uso,
c) los instrumentos para profesión, arte u oficio (art. 3878 y 3883,
d) los sueldos y salarios solo son embargables hasta un 20 %, salvo por deudas alimentarias,
e) las jubilaciones y pensiones salvo deudas alimentarias,
f) las indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y falta de preaviso,
g) el bien de familia (ley 14394),
h) los muebles y útiles del agricultor y sus instrumentos, útiles y animales de labranza (ley 11170),
i) los bienes de indispensable uso del deudor (art. 219 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), la jurisprudencia ha reconocido este carácter a la heladera, el lavarropas, el calefón, la cocina, la mesa y las sillas, la radio, el televisor –siempre que sea el único-, la máquina de coser, etc
La ley 24522 de Concursos y quiebras declara exentos de desapoderamiento los derechos extrapatrimoniales, el usufructo de los bienes de los hijos menores, la administración de los bienes propios del cónyuge y las indemnizaciones que correspondan al fallido por daño a su persona física.
[1] Ascarelli, “Introducción al Derecho Comercial”, Buenos Aires, 1947, pág. 120.
[2] Fernández, Raymundo L.-Gomez Leo, Osvaldo R., “Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial”, Depalma, Buenos Aires, 1987, T. I, págs. 402/3.
[3] XX Jornada Notarial Argentina.
[4] Lisoprawski Solvio V.-Kiper Claudio M., “Fideicomiso, dominio fiduciario y securitización”, Buenos Aires, pág. 147/9.

Programa

PROGRAMA DEL CURSO

1) Derecho - concepto - fuentes

1.1) Norma. Norma jurídica. Distinciones con otras normas.
1.2) Derecho. Concepto. El derecho considerado como objeto o en relación al sujeto.
1.3) Clasificación: derecho positivo y natural, derecho privado y público. Subclasificaciones.
1.4) Derecho económico. Concepto. Relaciones.
1.5) Fuentes del derecho. Concepto. Fuentes formales y materiales. Eficacia de las normas en el tiempo y en el espacio. Los modos de contar los intervalos de tiempo en el derecho.
1.5.1) La ley. Concepto. Clasificación. Aplicación e interpretación de la ley. Métodos de interpretación. El art. 16 del Código Civil. La denominada “ley de orden público”.
1.5.1.1) Codificación: concepto. Los códigos civil y de comercio. Metodología y estructura. Reformas. Leyes complementarias. Tendencias actuales en el campo de la codificación.
1.5.2) La costumbre.
1.5.3) La jurisprudencia.
1.5.4) La doctrina.
1.5.5) El derecho natural. Los principios generales del derecho. La equidad.

2) Persona
2.1) Persona: concepto.
2.2) Clasificación. Persona física y jurídica. Similitudes y diferencias con el concepto de sujeto de derecho. Persona jurídica de carácter público y de carácter privado. Personas jurídicas no incluidas en la enumeración del artículo 33 del Código Civil.
2.3) Comienzo de la existencia de la persona física. Persona por nacer. La concepción en el seno materno y la realidad científica: inseminación artificial,desarrollo embrionario y clonación.
2.4) Fin de la existencia de la persona física. Conmoriencia. Ausencia con presunción de fallecimiento. Desaparición forzada de personas (ley 24321).
2.5) Comienzo y fin de la persona jurídica.
2.5.1) Constitución, registración, inscripción, disolución, liquidación, retiro de la autorización para funcionar. El papel del Estado. Distinción entre personería jurídica y personalidad jurídica.
2.5.2) Análisis de las distintas personas jurídicas: sociedades civiles y comerciales, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, personas constituidas en el extranjero.
2.5.3) Ausencia o presencia de personalidad jurídica en diversas estructuras empresariales: “joint venture”, uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración empresaria, consorcio de propietarios, condominio, patrimonio fideicometido, acervo sucesorio indiviso, sociedad conyugal. Diferencias de la persona jurídica con el sujeto imponible.
2.5.4) Responsabilidad de las personas jurídicas.
2.6) El empresario y la empresa: nociones generales. Entidades públicas empresarias. El desarrollo de actividad económica bajo distintas formas jurídicas.
2.7) Atributos de la personalidad.
2.7.1) Nombre.
2.7.1.1) Concepto, naturaleza y caracteres. Legislación sobre el nombre.
2.7.1.2) Nombre propio o de pila.
2.7.1.3) El apellido.
2.7.1.4) El seudónimo y el sobrenombre. Protección del nombre.
2.7.1.5) El nombre comercial. Concepto. Razón social, denominación social, marca, nombre de “fantasía”.
2.7.2) Domicilio.
2.7.2.1) Concepto y clasificación.Domicilio general y especial. Domicilio real y legal. Residencia y habitación. Caracteres del domicilio real. Mutabilidad. Domicilio legal.
2.7.2.2) Efectos del domicilio, la residencia y la habitación.
2.7.2.3) Domicilio y sede habitual de los negocios.
2.7.2.4) Domicilio de la empresa extranjera.
2.7.3) Estado.
2.7.2.1) Concepto. Elementos y caracteres del estado.
2.7.2.2) Prueba del estado. El Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. Las partidas.
2.7.4) Capacidad.
2.7.4.1) Concepto.
2.7.4.2) Capacidad de derecho. Concepto. Enumeración y caracteres de las incapacidades de derecho.
2.7.4.3) Capacidad de hecho. Clasificación de incapacidades. Enumeración y caracteres de las incapacidades de hecho.
2.7.4.4) Incapaces. Enumeración. Análsis de distintas situaciones: persona por nacer, menores púberes y adultos, dementes, sordomudos que no saben darse a entender por escrito, penados, inhabilitados, religiosos profesos, concursados y fallidos.
2.7.4.5) Representación y protección de incapaces.
2.7.4.6) Emancipación civil y comercial. Régimen jurídico de ambos institutos.
2.7.5) La situación del patrimonio.
2.7.5.1) Concepto civil de patrimonio. Otras acepciones. Visión estática y dinámica del patrimonio.
2.7.5.2) Cosas y bienes. Clasificación de las cosas consideradas en sí mismas y en relación a las personas.
2.7.5.3) Naturaleza jurídica del patrimonio. Caracteres. Elementos que lo componen. Las deudas y los créditos. Los derechos.
2.7.5.4) El patrimonio como atributo de la personalidad. La problemática de la unicidad o pluralidad de patrimonios. Patrimonios de afectación. Patrimonios indeterminados en la persona.
2.7.5.5) El patrimonio y su relación con terceros. Ejecución de créditos en forma individual y en forma colectiva. La denominada “garantía común de los acreedores”. Bienes que la componen y bienes excluidos.
2.7.5.6) Medidas de protección del crédito que recaen sobre el patrimonio.
2.8) Derecho personalísimos. Concepto. Caracteres. Enumeración de distintos supuestos.


3) Hechos y actos jurídicos

3.1) Concepto de hecho y de hecho jurídico. Clasificación. Actos.
3.2) Teoría del acto voluntario. Condiciones internas y externas. Intención, discernimiento y libertad. Manifestación de la voluntad: análisis de diversas formas.
3.3) Acto lícito e ilícito. El dolo y la culpa. Diferencia entre los ilícitos civiles y criminales.
3.4) Definición de acto jurídico. Caracteres. Clasificaciones.
3.5) Elementos esenciales del Acto Jurídico
3.5.1) El sujeto
3.5.1.1) Concepto de sujeto, parte, representante, sucesor a título singular, sucesor a título universal y tercero. Efectos del acto jurídico.
3.5.1.2) Capacidad del sujeto.
3.5.2) El objeto.
3.5.3) La forma.
3.5.3.1) Concepto. Clasificación de formas. Nuevas formas. Principio de libertad de formas. El impacto de las normas tributarias en acto jurídico privado y en el formalismo.
3.5.3.2) La forma instrumental. Instrumento público, privado y particular no firmado.
3.5.4) La causa en el acto jurídico. Remisión.
3.6) Elementos naturales
3.7) Elementos accidentales (modalidades)
3.7.1) Condición
3.7.2) Plazo
3.7.3) Cargo
3.8) El negocio jurídico. Concepto y diferencias.
3.9) El acto de comercio. Concepto. Diferencias y similitudes con el concepto de acto jurídico. Enumeración legal. Carácter de la enumeración. Clasificación.

4) Vicios de la voluntad y de los actos jurídicos
4.1)
Nulidades
Actos jurídicos extintivos